La revisión de la Directiva de Control Integrado de la Contaminación, denominada Directiva de Emisiones Industriales, comenzó en el año 2008. Durante el 2009 se ha llevado a cabo la primera lectura del Parlamento Europeo.
En el 2009 UNESID ha expresado su preocupación por conceptos presentados por el Parlamento Europeo, como la Red de Seguridad Europea (valor máximo de emisión independiente de situaciones particulares) y la pérdida de flexibilidad en la implantación local, o la obligatoriedad legal de los documentos de mejores técnicas disponibles y la propuesta de actualización de permisos extremadamente corta, la cual dejaría obsoletas rápidamente las inversiones realizadas, o límites específicos sectoriales para el sector acero en dioxinas y furanos. Todas ellas fueron aprobadas en su primera lectura en marzo de 2009.
En junio de 2009 el Consejo de la Unión Europea llegó a un acuerdo político, aunque con muchas dificultades, pues ciertos países prefieren menos flexibilidad. Holanda retiró su veto bajo la condición de que se aceptara su propuesta de Considerando que abriera la posibilidad a un posible comercio de emisiones NOx y SO2 (Considerando 37 de la Posición Común). El Consejo, en su decisión, consideró los principales puntos que reclamaba el sector, sobre todo el mantenimiento del enfoque de flexibilidad de la actual IPPC, en el establecimiento de los Valores Límites de Emisión de las instalaciones afectadas. Sin embargo, el Consejo de la UE ha apoyado al Parlamento Europeo, en lo relativo a la adopción de Valores Límites de Emisión para el NOx.
La Posición Común del Consejo se adoptó a primeros de 2010 y se espera que el acuerdo entre instituciones se alcance a mediados-finales de 2010.
Se han acordado en UNESID cual serían las prioridades del sector, pero diferenciando cuáles serían negociables y cuáles no. Esta priorización ha sido remitida al Ministerio de Medio Ambiente para que las tenga en cuenta en las negociaciones de la Directiva.
La Administración Española recibió durante 2008 críticas por parte de la Comisión Europea, debido a que, según afirmaba la Comisión, en España la Directiva IPPC no se ha implantado debidamente. El Ministerio de Medio Ambiente, para demostrar lo contrario, organizó en 2009 un estudio para evaluar el coste económico que ha supuesto a las empresas españolas la implantación de la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente felicitó a UNESID por la alta participación de sus empresas en este estudio. El ejercicio ha sido muy positivo, no sólo porque facilita la colaboración con la Administración, sino porque ha servido para disponer de información clara y fiable sobre la realidad económica de la implantación de la IPPC en nuestro sector.
El estudio sobre el análisis de viabilidad de un esquema de comercio de derechos para los NOx y el SO2, encargado por la Comisión a la consultora ENTEC, se llevó a cabo durante el 2009. UNESID y Eurofer han estado participando activamente en el seguimiento del estudio, debido al elevado impacto que tendría en el sector.
UNESID ha expresado repetidamente, junto a Eurofer, su oposición. Como principales argumentos decisivos en contra, destacan el carácter local del impacto de estos contaminantes, la sobrerregulación que implicaría, los elevados costes administrativos y de monitorización, la pérdida de estabilidad legal y aumento de la complejidad normativa, el riesgo de deslocalización, la ausencia de consideración de los sectores difusos (en España representan más del 50% de las emisiones de NOx y más del 10% de las emisiones de SO2) y, por último, el sobrebeneficio que representaría para el sector eléctrico, que repercutiría el coste del contaminante en los precios marginales de las unidades de generación eléctrica.
UNESID está colaborando con CEOE en el seguimiento de un posible esquema de comercio de NOx y SO2. El papel de la CEOE ha sido especialmente beligerante al respecto dentro de Business Europe.
Los representantes del sector en la revisión de los BREF ya han sido designados. El BREF de Producción de Hierro y Acero inició su revisión en 2007. En la actualidad se está debatiendo y en diciembre salió el segundo borrador, que será debatido finalmente en febrero del 2010. La posición general de Eurofer es mantener la situación actual y no incurrir en más exigencias; sin embargo, la Administración de ciertos países del norte de Europa sigue intentando reducir los valores de rango de los BREF.
Para el BREF de Laminación en Caliente, UNESID ha elaborado una lista de necesidades para la revisión o wish list que ha sido remitido al IPPC Bureau del Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) de Sevilla y al Ministerio de Medio Ambiente.
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